RELIQUIDACIÓN PENSIONAL JURISPRUDENCIA DE INTERÉS AÑO  2012 

El reconocimiento de la prestación económica de una pensión por cumplimiento de requisitos legales para acceder a ella, bien sea por vejez, invalidez, sobrevivientes, etc., desconociendo en muchas ocasiones la inclusión de ciertos factores de carácter económico que debieron ser tenidos en cuenta como factor salarial para la liquidación de la misma,  de una parte y de otra, conjunta o aisladamente la indebida aplicación del régimen legal aplicable al caso concreto en que se encuentra el solicitante, dan lugar a que en numerosas ocasiones se presenten múltiples solicitudes de reliquidaciones de la prestación en concreto o se demande su reconocimiento ante autoridad competente, con perjuicio para las partes ante el desgaste administrativo y judicial por un lado y lo más importante en detrimento de la calidad de vida del beneficiario de la prestación. 

Por ser un tema de interés general y teniendo en cuanta que son muchos los factores que dan lugar a este tipo de situaciones, hemos considerado oportuno en principio, teniendo como fuente la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, dar inicio con esta primera entrega sobre el tema informándonos sobre la posición de la Honorable Corte al respecto. 

Es así que en lo referente a la indexación pensional en la sentencia de Tutela 625 de 2012 encontramos:    

3.3. Derecho a la indexación de la primera mesada pensional

12. Un segundo elemento por considerar, a los efectos de atender el presente asunto, es el relativo a la noción o significado del derecho a la indexación de la primera mesada pensional. Así pues, a partir de una interpretación  armónica  de  los  artículos  48  y 53   de la Carta Política,  en 

concordancia con la lectura que se hizo en la sentencia C-862 de 2006, la primera mesada pensional debe ser indexada, de manera que se mantenga el poder adquisitivo de la misma, y la liquidación corresponda efectivamente al porcentaje del salario que devengaba en un momento histórico anterior. De acuerdo a dicha sentencia, la indexación corresponde a un “sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre si, suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.” 

13. En ese sentido, “(…) la indexación de la primera mesada pensional-, tiene evidentes consecuencias constitucionales.  Como la Corte lo ha expresado, ‘(…) la naturaleza del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones parte de la base de que el mismo es considerado un derecho de rango constitucional. Esto en razón a que existen tres disposiciones constitucionales que lo sustentan: la primera contenida en el artículo 48, a saber: “la ley definirá los medios para que los recursos destinados a las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante’, las dos restantes contenidas en el artículo 53, la primera: ‘la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales (…) la remuneración mínima vital y móvil (…)’ y la segunda, que establece que ‘el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales (…)’ . Así mismo, esta Corporación ha puesto de presente que la actualización periódica de la mesada pensional ‘es simultáneamente una garantía del derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor de los pensionados, por regla general  adultos  mayores  o personas  de la  tercera  edad  y  por  lo  tanto 

sujetos de especial protección constitucional’. ”  (Subrayado fuera del texto) 

14. Se ha dicho entonces, que la figura de la indexación de la primera mesada pensional se hace como consecuencia de que “(…) no existe normativa que establezca con precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida –el inciso segundo del artículo 260 del C.S.T no la precisa.”  Regla que fue reiterada en la sentencia hito en la materia, ya citada arriba, en la cual se estableció que “Debe indexarse el salario base para la liquidación de la pensión de jubilación de aquellas personas que se retiran o son retiradas del servicio luego de haber laborado más de veinte años, pero sin haber alcanzado la edad señalada por el numeral primero del artículo 260 del C. S. T.”  

Lo anterior coincide con los planteamientos hechos al respecto por el Consejo de Estado que sostuvo que “Actualizar el promedio de lo devengado en el último año de servicios, es la única forma de impedir que el demandante se vea obligado a percibir una pensión de jubilación devaluada, buscando que el restablecimiento del derecho represente el valor real al momento del reconocimiento de la pensión; por ello, se debe reconocer que la base salarial para la liquidación de su pensión haya sufrido los rigores del deterioro inflacionario.  De lo contrario, liquidar la pensión de jubilación al demandante, con fundamento en una suma devaluada, sin duda implica desconocer no solo el hecho notorio de la inflación, sino desoír claros principios de equidad.  Esta Corporación ha venido decantando estos criterios, variando la jurisprudencia que otrora existía.”  

14. A partir de dichas consideraciones, se ha derivado que la actualización se   deba   realizar   con   base   en   la   variación   del   Índice   de  Precios al

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